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Por Jim Peterson – Métricas del desempeño de los auditores: la oferta de la PCAOB
Documento original: Auditor Performance Metrics: The Deal Offered by the PCAOB [30-12-2024]
Nota del traductor: Sobre la temática que analiza Jim Peterson, el 13 de diciembre de 2024 publiqué un artículo que titulé Transparencia de las firmas de auditoría. ¡Trump tiene la palabra!].
Si bien el nuevo año traiga consigo la defenestración de Erica Williams, presidente de la Public Company Accounting Oversight Board, esa agencia ha presentado a su supervisor, la Securities and Exchange Commission, reglas propuestas que – en el improbable caso de aprobación de la SEC – requerirían que las firmas de auditoría registradas presenten grandes cantidades de detalles sobre sus métricas de desempeño.
Los puntos de vista difieren tanto sobre la sabiduría de las reglas mismas, como sobre la extensión del apetito de los mercados de capital por detalles sobre la operación de los auditores de las compañías públicas más grandes del mundo. Pero pasemos a la pregunta básica de si cualquiera de las revelaciones propuestas guiaría a los inversionistas a la hora de evaluar una auditoría como “buena” o como “mala”. Hay al menos tres razones por las cuales las reglas están desvinculadas de las realidades del modelo de Gran Auditoría.
Primero es la esperada desaprobación de la SEC – ya sea en su totalidad, o en algo parecido a la forma actual de las reglas. Paul Atkins, nominado para suceder a Gary Gensler como presidente de la SEC, ha dejado bien en claro su hostilidad para con la PCAOB y el reciente alcance de sus actividades. Explicada en detalle por Mark Maurer en el Wall Street Journal el 9 de diciembre es la probabilidad de que Atkins devuelva a la agencia al profundo retiro que caracterizó su somnolencia bajo el predecesor de Williams.
Los próximos menes dirán si la presidente Williams podrá salirse con la suya, al implementar algo de la ampliada presentación de reportes y recolección de datos, pero es una apuesta razonable que con el cambio de administración en Washington en enero, ella quedará sin trabajo y sus reglas propuestas se desperdiciarán en el aire del desierto.
Segundo es la profunda divergencia sobre el valor de la información a ser requerida. La presidente Williams había señalado que la cascada de información “le proporcionaría a inversionistas, comités de auditoría, y otros stakeholders con información valiosa sobre las firmas y sus compromisos para ayudarles a que tomen decisiones conocedoras en relación con las firmas de auditoría y las selecciones relacionadas-con-las-inversiones”.
Las mismas firmas de contabilidad están en vigorosa oposición, tal y como lo expresó el Center for Audit Quality, hablando en representación de las grandes firmas, en una serie de cartas (June 7, November 11 y November 22, 2024), “basándose en preocupaciones de política pública, carencia de análisis costo-beneficio, y el probable impacto competitivo negativo para la profesión de la auditoría de la compañía pública de los Estados Unidos”. Y el AICPA, centrándose en las firmas más pequeñas, escribió en su carta dirigida a la SEC el 19 de diciembre de 2024, que “esas reglas tendrán consecuencias negativas no deseadas, que incluyen sacar a las firmas de tamaño medio y pequeño de la práctica de la auditoría de la compañía pública”.
Bob Conway, cuyas credenciales abarcan su larga trayectoria como socio de KPMG y posiciones de alto nivel en la PCAOB, presentó en YouTube y en el Substack de Francine McKenna, The Dig, expresando sus puntos de vista en relación con la familiar, estándar y ampliamente criticada opinión del auditor que la SEC requiere a las compañías públicas, resaltando que “el precio de las materias primas es el culpable”.
Con todo respeto, el respaldo de Conway se basa en premisas erróneas, comenzando con el problema de que el poder de la fijación del precio de un producto básico es limitado. El lenguaje de una opinión de auditoría, prescrito por la SEC y aceptable por ella, impide la diferenciación al tiempo que confina a los auditores con esposas de oro. La forma de esa opinión – el producto central de las prácticas de aseguramiento de las firmas, con redacción obligada por ley y regulación – es esperada por una población de usuarios generalmente indiferentes, que no varía a través del crítico número pequeño de firmas proveedoras.
En este mercado, no solo las firmas carecen de poder para la fijación del precio. Ni ellas, ni sus clientes, ni los proveedores de capital tienen incentivo alguno para cambiar. En sus portafolios los inversionistas minoristas típicos no podrían identificar a los auditores de sus compañías, mucho menos distinguir la opinión de una firma de la de otra, mientras que los profesionales de inversión y los comités de auditoría ya tienen acceso a toda la información que consideran importante.
El alcance limitado de la elección de auditores disponibles tampoco permite lo que Conway denomina “toma de decisiones informada (por parte de los comités de auditoría y los empleados prospectivos) que alimente la competencia en elementos diferentes al precio”. Tal y como reportó Statista, en el año 2022, las redes de las Cuatro Grandes acapararon el 99.7% de los honorarios de auditoría de las compañías de S&P 500. En este entorno, las compañías públicas grandes carecen de un rango de opciones de auditores bajo las limitaciones del modelo de Auditoría de Grande de cuatro firmas.
Y los prospectos para ampliar ese tetrapolio son nulos. En todo caso, las firmas de nivel medio y más pequeñas están reduciendo o renunciando por completo a sus posiciones en el mercado de auditoría de la compañía pública, por varias razones estratégicas que incluyen la influencia combinada de capital privado y otros capitales de terceros y sus propios apetitos hambrientos por ingresos aumentados derivados del no-aseguramiento.
La posición de Conway tampoco gana fuerza por su invocación de las actividades que en el año 2008 realizó el Advisory Committee on the Auditing Profession, convocado por el Treasury Secretary Paulson durante el segundo mandato del joven presidente Bush.
El resultado de ese grupo, tan plagado de discordia y animosidad que desafió el liderazgo del amable copresidente Donald Nicolaison (QDEP 2019), habría sido tan intrascendente que, en cualquier caso, se habría extinguido. El abrumador impacto de la crisis crediticia, sin embargo – que ya estaba en marcha, si bien no se había reconocido mucho – fue suficiente para borrar de las arenas del tiempo todas las huellas del Comité, por débiles que fueran.
Tercero y finalmente, las reglas detalladas que apoyan Williams y Conwat se impondrían a una franquicia que ya enfrenta el cambio en un nivel más fundamental para su propia supervivencia.
No es que los defensores estén necesariamente equivocados al presionar por mayor transparencia del auditor. Es un argumento comprensible que los proveedores de aseguramiento sobre la información corporativa requerida de sus clientes deban, en aras de su propia reputación y legitimidad profesional, ofrecer al mercado al menos las mismas revelaciones acerca de sus propias empresas.
De hecho, durante largo tiempo he defendido que la profesión debería haber seguido el ejemplo de la organización Arthur Andersen en los años 1970, cuando por varios años publicó sus propios estados financieros globales, junto con la opinión no-calificada de los auditores de la firma entonces denominada Haskins & Sells (Revelación/recordatorio – por casi dos años yo fui miembro del grupo legal interno de Andersen y socio mundial, y me jubilé el verano antes del colapso provocado por Enron.)
Es que el valor de la opinión del auditor, mercancía estándar, ha estado en demostrable declive durante años:
· Desde la crisis del sector de ahorros y préstamos en Estados Unidos en los años 1980.
Por el impacto insignificante que tuvo en la aprobación, posterior-a-Enron, de la ley Sarbanes/Oxley en la crisis crediticia que siguió en 2007-2008.
Últimamente, con el cada vez más creciente volumen de actividad en los mercados financieros fuera del alcance del modelo de Auditoría Grande:
o Manifiesto en escándalos tales como Theranos y FTX.
o La pasión con la que ha explotado la actividad de la esfera cripto.
o Los brotes de comportamiento corporativo dudoso que pusieron en guardia a los reguladores en la forma de IPOs inversas de compañías en China y la oleada de registros basados en fusiones con compañías de adquisición de propósito especial
Al mismo tiempo, el grado de entusiasmo por la presentación de reportes y aseguramiento bajo el encabezado amplio de Sostenibilidad ha llamado la atención de estrategas y comentaristas, ocupando energía y recursos en otros lugares que no hacen parte de las prácticas tradicionales de la profesión.
Incluso asumiendo que en alguna forma revisada de las actividades de inspección y cumplimiento forzoso de la PCAOB puedan avanzar de manera inexorable, la estructura de su mandato legislativo significa que su presentación de reportes de los resultados de la inspección y del cumplimiento forzoso son al menos parciales y opacos, al tiempo que la medición real de las mejoras permanece elusiva. Los índices de deficiencia de las inspecciones, tal y como son reportados por la agencia misma, continúan atrayendo la retórica del descontento oficial (tal y como lo expresó la propia presidente Williams, en el año 2023 y de nuevo en el año 2024).
Investigación académica informativa y útil todavía está por ser entregada, con adecuados tamaños de muestra y cobertura a escala de las compañías públicas grandes, mediante la cual valorar y evaluar cualquier impacto real en la calidad de la auditoría durante la historia de la auditoría. Todavía falta probar una serie de asuntos – nombramiento de socios y firma de opiniones, limitaciones del alcance de la práctica, presentación de reportes de materias de auditoría clave o críticas, y (en el Reino Unido y en la Unión Europea) reemplazo o rotación obligatoria del auditor.
Los participantes con autointereses ofrecen unos a otros intercambios predecibles de refuerzo mutuo – afirmaciones de que “las cosas ahora son mejores que como eran antes”. Lo que no se hace es la pregunta más disciplinada, “las cosas son mejores que lo que habrían sido si Sarbox nunca hubiera sido promulgada” – un escenario alternativo en el que un proceso de limpieza-del-mercado podría haber permitido resolver preocupaciones legítimas acerca de la calidad de las auditorías, la presentación de reportes corporativos y la protección del inversionista a ser resueltas mediante críticas del desempeño, procedimientos para hacer forzoso el cumplimiento y reclamos por daños y perjuicios en virtud de la aplicación, todavía vigente, de las determinaciones antifraude de las leyes básicas sobre valores.
En pocas palabras, las reglas propuestas por la PCAOB sobre revelación de métricas podrían, si se implementaran, satisfacer algún apetito burocrático por recopilación de datos, en respuesta a una necesidad que realmente nadie siente, en un frenesí disfrazado de progreso. Sin embargo, tal y como es expresado en la carta escéptica del CAQ de junio 7, “sin un entendimiento suficiente de cómo – o si - los inversionistas usarían la información presentada en las métricas propuestas (y teniendo en cuenta el riesgo de uso inapropiado), no parece apropiado sugerir que los inversionistas usarían tal información para tomar decisiones de inversión y representación”.
En cambio, bajo una prueba de utilidad o buen efecto orientada-al-mercado, el destino de las reglas propuestas se parecería al de la orquesta de a bordo tocando tristemente en la popa del Titanic que se hunde.
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